La Comisión anuncia medidas para proteger mejor a los trabajadores migrantes y combatir el empleo ilegal

La Comisión ha adoptado dos nuevos informes sobre la Directiva relativa a las sanciones a los empleadores y la Directiva sobre los trabajadores temporales. Evaluar los esfuerzos para garantizar condiciones laborales justas para los nacionales de terceros países, prevenir la explotación de los migrantes y combatir el empleo ilegal. 

Tal como se establece en la Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración de enero de 2026. La movilidad laboral, la lucha contra el empleo ilegal y la protección de los trabajadores migrantes son prioridades clave para abordar las causas de la migración ilegal, promover la competencia leal y fortalecer la cohesión social. 

El informe de aplicación de la Directiva sobre sanciones a los empleadores muestra que los Estados miembros realizaron casi 600 000 inspecciones específicas en sectores de alto riesgo en 2024. Estas inspecciones permitieron detectar más de 28 000 casos de trabajadores migrantes en situación irregular entre 2023 y 2024, mientras que las sanciones económicas superaron los 200 millones de euros anuales durante el mismo periodo. Sin embargo, la aplicación de la Directiva sigue siendo fragmentada, especialmente en lo que respecta a las sanciones, los enjuiciamientos y las condenas. Persisten importantes lagunas de datos, en particular sobre las denuncias de trabajadores migrantes, los permisos de residencia concedidos en relación con la explotación y los pagos retroactivos efectivamente recuperados. 

El informe sobre la Directiva relativa a los trabajadores temporales confirma que esta proporciona un marco jurídico para una migración legal ordenada, condiciones laborales justas y condiciones de vida adecuadas para los trabajadores temporales. Ha contribuido a simplificar los trámites legales, reducir los incentivos para el trabajo no declarado y fortalecer los derechos de los trabajadores, incluyendo la igualdad de trato, garantías de alojamiento, obligaciones de información, la posibilidad de cambiar de empleador y mecanismos de reclamación y reparación. Sin embargo, el informe constata que los objetivos de la Directiva solo se alcanzan parcialmente en la práctica, debido a las persistentes deficiencias en el acceso a un alojamiento adecuado, el cambio de empleador, la información, el seguimiento, la aplicación de la normativa y las vías de recurso. 

Para reforzar los mecanismos de seguimiento, aplicación de la ley y protección en materia de empleo irregular y explotación laboral, la Comisión ha lanzado una convocatoria de manifestaciones de interés por valor de 10 millones de euros en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración: Acción específica AMIF/2026/SA/2.4.1 – Protección de los derechos de los trabajadores de terceros países en la lucha contra el empleo ilegal de nacionales de terceros países en situación irregular, con una cofinanciación de la UE de hasta el 90 %.  

Esta convocatoria apoya a los Estados miembros en el desarrollo de proyectos específicos con la participación de múltiples actores para proteger a los trabajadores nacionales de terceros países, incluidos los trabajadores temporeros, y para combatir el empleo ilegal, la explotación laboral y el trabajo no declarado en sectores de alto riesgo, como la agricultura, los cuidados, la construcción, el transporte y la hostelería. Entre las acciones subvencionables se incluyen la sensibilización, el apoyo jurídico y psicosocial, la mejora de los mecanismos de denuncia y reparación, las inspecciones basadas en el riesgo, el fortalecimiento de las capacidades de las inspecciones laborales, la mejora de la recopilación de datos y una mayor cooperación entre las autoridades, los interlocutores sociales y la sociedad civil. Los Estados miembros pueden presentar su solicitud antes del 28 de agosto de 2026.

En el marco de la revisión de su mandato de 2026, la Autoridad Laboral Europea también analizará cómo podría abordar mejor los desafíos relacionados con los abusos en las condiciones de trabajo de los nacionales de terceros países, incluidos los trabajadores temporeros y los empleados ilegalmente.  

En 2026, la Comisión iniciará una evaluación de la Directiva sobre sanciones a los empleadores para determinar si sigue siendo adecuada y si es necesario revisar o aclarar la normativa vigente. Mientras tanto, se anima a los Estados miembros a que apliquen plenamente la Directiva, refuercen la prevención y la detección del empleo ilegal y mejoren la gobernanza y la coordinación entre las autoridades competentes, incluso a través de coordinadores nacionales. 

La Comisión seguirá colaborando con los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar la correcta transposición y la aplicación efectiva de la Directiva sobre trabajadores temporeros, e intensificará la cooperación con terceros países a través de las Alianzas para el Talento para mejorar las oportunidades de trabajo estacional y la protección de los trabajadores en la UE. 

Más información: Comisión Europea.