El Paquete de Primavera 2025 marca pautas para reforzar la competitividad de la UE

El Paquete de Primavera del Semestre Europeo 2025 analiza los principales retos económicos y sociales en toda la UE y ofrece orientaciones políticas a los Estados miembros con el objetivo de reforzar la competitividad, la prosperidad y la resiliencia. A tal efecto, incluye recomendaciones específicas por país (REP) y promueve reformas e inversiones alineadas con estas prioridades de la UE.

La orientación política presentada llega en un momento de especial volatilidad del entorno comercial y de seguridad. Está estrechamente vinculada a la Brújula de la Competitividad, la hoja de ruta quinquenal de la Comisión para impulsar la resistencia y la posición mundial de la UE. El paquete del pasado 4 de mayo también supone la primera evaluación de los avances de los Estados miembros con arreglo al marco revisado de gobernanza económica y sus planes fiscales-estructurales. En medio de los crecientes retos de seguridad, también se recurre por primera vez a la cláusula de salvaguardia nacional (NEC) del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El objetivo de la NEC es facilitar la transición a niveles más altos de gasto en defensa, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal.

Recomendaciones específicas para los Estados miembros

Los informes nacionales de 2025 evalúan la evolución económica, social y del empleo en cada Estado miembro, en consonancia con las prioridades establecidas en la Brújula de la Competitividad. Se anima a los Estados miembros a impulsar su competitividad cerrando la brecha de la innovación, avanzando en la descarbonización en consonancia con el Pacto por una Industria Limpia, reduciendo las dependencias excesivas, aumentando la seguridad y la resiliencia, entre otras cosas mediante el refuerzo de las capacidades de defensa, y promoviendo las cualificaciones y los empleos de calidad, garantizando al mismo tiempo la equidad social.

Para apoyar la competitividad en todos los sectores, la Brújula de Competitividad establece cinco factores horizontales que también se reflejan en las recomendaciones específicas por país, adaptadas a cada Estado miembro.

Los informes nacionales de este año también hacen balance de la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia (PRR) y de los programas de la Política de Cohesión. Dado que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DRR) finaliza en 2026, es esencial una aplicación rápida y específica, y la mayoría de los Estados miembros tienen que acelerar los avances. Paralelamente, la Comisión publicó el pasado 4 de mayo una Comunicación sobre el DRR hacia 2026, con el fin de orientar a los Estados miembros sobre un cierre fluido y satisfactorio del instrumento. La Comisión también pretende acelerar la aplicación de la política de cohesión, centrándose en las prioridades estratégicas de la revisión intermedia.

Teniendo en cuenta los objetivos políticos de la UE, las REP de este año proporcionan orientaciones adaptadas a las necesidades específicas de cada Estado miembro. Reflejan la magnitud y la urgencia de las medidas necesarias en tres ámbitos clave: (i) política fiscal, incluidas las reformas para aumentar la eficacia de la política tributaria y el gasto público, (ii) aplicación de los PRR y los programas de la política de cohesión, y (iii) retos estructurales pendientes o de reciente aparición, centrándose en la brújula de competitividad.

Reforzar la sostenibilidad fiscal

El paquete del Semestre Europeo de primavera de 2025 concluye el primer año completo de supervisión macroeconómica con arreglo al marco de gobernanza revisado. En él se evalúan los avances de los Estados miembros en la aplicación de sus planes fiscales y estructurales a medio plazo presentados el pasado otoño. La Comisión evalúa el cumplimiento comparando el crecimiento neto previsto del gasto con los límites máximos fijados por el Consejo o esbozados en los planes nacionales.

El paquete de este año subraya la flexibilidad del marco revisado para responder a retos inesperados. En el marco del Plan Rearm Europe/Readiness 2030 presentado en marzo de 2025, la Comisión propuso activar la cláusula de salvaguardia nacional, que permite a los Estados miembros superar temporalmente las tasas máximas de crecimiento del gasto neto para impulsar el gasto en defensa. *A petición de 15 Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal), la Comisión ha adoptado hoy recomendaciones al Consejo para la activación de la cláusula nacional de salvaguardia para los países afectados.

Vigilancia fiscal

Por lo que se refiere a los Estados miembros sometidos a un procedimiento de déficit excesivo (PDE), la Comisión considera que en el caso de Francia, Italia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia no es necesario adoptar nuevas medidas en el marco del PDE para estos países en esta fase.

Para Bélgica, tras la presentación de su plan a medio plazo, la Comisión ha recomendado una nueva senda correctora, actualmente pendiente de adopción por el Consejo. Aunque el crecimiento neto del gasto previsto por Bélgica en 2025 supera el límite máximo de esta recomendación, se mantiene dentro de la flexibilidad que ofrece la cláusula de salvaguardia nacional.

En cambio, el crecimiento del gasto neto de Rumanía es significativamente superior al límite máximo fijado por su senda correctora, lo que plantea riesgos evidentes para la corrección de su déficit excesivo de aquí a 2030. Por ello, la Comisión recomienda al Consejo que adopte una decisión que establezca que Rumanía no ha tomado medidas efectivas.

La Comisión también ha evaluado los avances en la aplicación de los planes a medio plazo de 18 Estados miembros. Se considera que 12 Estados miembros(Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Suecia) se ajustan al crecimiento máximo recomendado del gasto neto, teniendo en cuenta la flexibilidad prevista en la cláusula nacional de salvaguardia, si procede. Portugal y España se ajustan en líneas generales, con desviaciones limitadas de sus sendas recomendadas. Sin embargo, en el caso de Chipre, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos, la Comisión ve un riesgo de desviación de las tasas de crecimiento máximas recomendadas por el Consejo.

La Comisión también elaboró un informe de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) para evaluar el cumplimiento del criterio de déficit del Tratado en cuatro Estados miembros: Austria, Finlandia, Letonia y España. A la luz de la evaluación contenida en el informe, la apertura de un procedimiento de déficit excesivo basado en el déficit está justificada para Austria. Tras considerar el dictamen del Comité Económico y Financiero, la Comisión tiene la intención de proponer al Consejo la apertura de un procedimiento de déficit excesivo basado en el déficit para Austria y proponer al Consejo recomendaciones para poner fin a la situación de déficit excesivo.

Evaluación de los desequilibrios macroeconómicos

La Comisión ha evaluado la existencia de desequilibrios macroeconómicos en los 10 Estados miembros seleccionados para ser objeto de exámenes exhaustivos en el marco del Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2025. Aunque la evolución económica del último año ha contribuido a reducir algunos desequilibrios en varios Estados miembros, la creciente incertidumbre en el cambiante contexto comercial está agravando los riesgos.

Estonia no está experimentando desequilibrios, ya que las vulnerabilidades relacionadas con el deterioro de la competitividad de precios y costes y los precios de la vivienda parecen estar contenidas actualmente.

Chipre se reclasifica como país «sin desequilibrios«, ya que las vulnerabilidades relacionadas con la deuda externa y privada están disminuyendo, en parte debido al fuerte crecimiento económico, mientras que la deuda pública se está reduciendo gracias a los continuos superávits presupuestarios.

Alemania también se reclasifica como país «sin desequilibrios«, ya que las vulnerabilidades relacionadas con el amplio superávit por cuenta corriente han disminuido a lo largo de los años, y recientemente se han anunciado avances significativos en materia de política económica.

Hungría, Grecia, Italia, los Países Bajos, Eslovaquia y Suecia siguen experimentando desequilibrios, ya que sus vulnerabilidades siguen siendo globalmente relevantes.

Rumanía sigue experimentando desequilibrios excesivos, ya que sus déficits fiscal y por cuenta corriente aumentaron y la competitividad de costes se deterioró en 2024.

Directrices para el empleo y retos de convergencia social

Como parte del Semestre Europeo 2025, la Comisión propone directrices actualizadas para las políticas de empleo de los Estados miembros, destinadas a promover mercados laborales más justos e inclusivos. Sobre la base de las Directrices de Empleo adoptadas en diciembre de 2024 -que abordan retos como la escasez de cualificaciones y mano de obra y la necesidad de competencias básicas y digitales en la era de la inteligencia artificial-, la actualización de 2025 mantiene las prioridades básicas, al tiempo que se adapta a las nuevas realidades geopolíticas y a iniciativas como la Unión de Capacidades y la Brújula de la Competitividad.

En consonancia con el Marco de Convergencia Social, ahora integrado en el marco revisado de gobernanza económica, la Comisión ha llevado a cabo un análisis en dos fases del empleo, las capacidades y los retos sociales en cada Estado miembro. Los resultados de la primera fase se presentan en el Informe conjunto sobre el empleo (ICE) 2025, mientras que el análisis más profundo de la segunda fase se publicó en abril de 2025 para diez Estados miembros: Bulgaria, Croacia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Rumanía y España. En conjunto, el análisis de la segunda fase identificó retos para la convergencia social al alza en tres Estados miembros (Grecia, Italia y Rumanía), teniendo en cuenta las respuestas políticas emprendidas o previstas por los Estados miembros para hacer frente a los riesgos identificados. Las conclusiones del análisis también se debatieron con los Estados miembros en el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social en mayo, antes de la adopción del paquete de primavera del Semestre Europeo de 2025.

Más información: Comisión Europea