Unión Europea

El asunto se refiere a la transmisión de datos obtenidos legalmente en una investigación penal a otra autoridad policial. La empresa demandante alega que la transmisión de los datos a la autoridad de defensa de la competencia y su utilización por ésta no eran previsibles y que las garantías procesales eran insuficientes.

El asunto se refiere a la transmisión de datos obtenidos legalmente en una investigación penal a otra autoridad policial. Las empresas demandantes se quejan de que la transmisión de los datos a la autoridad de defensa de la competencia y su utilización por ésta no habían sido previsibles y de que las garantías procesales eran insuficientes.

El asunto se refiere a la transmisión de datos obtenidos legalmente en una investigación penal a otra autoridad policial. Las empresas demandantes se quejan de que la transmisión de los datos a la autoridad de defensa de la competencia y su utilización por ésta no habían sido previsibles y de que las garantías procesales eran insuficientes.

El asunto tiene su origen en una demanda (n.º 45581/15) contra la República Francesa presentada ante el Tribunal el 15 de septiembre de 2015 en virtud del artículo 34 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por un nacional francés, el Sr. Julien Sánchez («el demandante»).

El presente asunto se refiere principalmente a la denuncia del demandante de que su detención en una manifestación y la imposición de una sanción privativa de libertad por infracciones administrativas habían supuesto una injerencia en sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, en violación de los artículos 10 y 11 del Convenio.

El recurso se refiere al decomiso de sumas de dinero a raíz de un procedimiento penal por blanqueo de capitales contra otras personas, pero no contra el demandante, y a la posterior pretensión del demandante de recuperar dicho dinero.