Medio Ambiente

Este informe presenta una visión general de cómo los datos recogidos en el marco del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) de la Política Agrícola Común de la UE podrían contribuir a una mejor comprensión de los impactos de los Productos Fitosanitarios (PPP) en la salud del suelo. En concreto, el informe resume el trabajo realizado en el marco del Acuerdo Administrativo IACS65 «IACS data sharing: from INSPIRE towards EU common data space». El objetivo del Acuerdo Administrativo es proporcionar a la DG AGRI apoyo técnico en diferentes ámbitos para garantizar la puesta en común de los datos del SIGC en toda la Unión Europea (UE). Estos datos están relacionados con el Sistema de Información Parcelaria (LPIS) y la Aplicación de Ayuda Geoespacial (GSAA). El objetivo general del «proceso de puesta en común de datos del SIGC» es garantizar la descubribilidad, el acceso eficiente (punto de entrada único) y la reutilización efectiva de los datos espaciales del SIGC (interoperabilidad y casos de uso) en un entorno político coherente. Para lograr este objetivo, se han desarrollado una serie de casos de uso para crear prototipos, probar e ilustrar la importancia de compartir datos en los ámbitos de la agricultura, el medio ambiente y el clima, así como los beneficios para la administración en sus tareas de evaluación, seguimiento e información.

El objetivo de esta publicación es proporcionar a los compiladores de estadísticas europeas sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los hogares y por los particulares aclaraciones sobre cómo aplicar las disposiciones legales de la UE. Con la ayuda de explicaciones y referencias jurídicas, el Manual pretende servir de documento de referencia práctico para las autoridades estadísticas nacionales.

Este informe presenta la primera información financiera anual del Eurosistema relacionada con el clima sobre sus tenencias de valores adquiridos por empresas con fines de política monetaria. Esta información se refiere a los activos mantenidos por el Eurosistema en el marco del programa de compras de valores de empresas (CSPP, en sus siglas en inglés) y del programa de compras de valores de renta fija con fines de política monetaria en situaciones de emergencia pandémica (PEPP, en sus siglas en inglés), en lo sucesivo denominados conjuntamente «carteras de valores de empresas». Este informe pretende mejorar la transparencia de las actividades del Eurosistema y contribuye a los trabajos en curso sobre el cambio climático. Este trabajo se centra en tres objetivos principales: gestionar y mitigar los riesgos financieros asociados al cambio climático y evaluar su impacto económico; promover una financiación sostenible para apoyar una transición ordenada hacia una economía con bajas emisiones de carbono; y compartir la experiencia del Eurosistema para fomentar cambios de comportamiento más amplios.

El «Informe anual sobre la política de competencia» explica cómo aplica la Comisión la política de competencia y cómo contribuye a la economía europea y a mejorar el bienestar de los ciudadanos de la UE. El Informe es un resumen no exhaustivo de las iniciativas políticas y legislativas más importantes, así como de las decisiones adoptadas por la Comisión en aplicación de la normativa de competencia de la UE. Describe cómo se aplicaron y desarrollaron los instrumentos de la política de competencia (normas antimonopolio, sobre concentraciones y sobre ayudas estatales) durante el año, y cómo cooperó la Comisión con las autoridades nacionales de competencia de la UE y las autoridades de competencia de terceros países, así como con organizaciones internacionales. Una sección especial sobre relaciones interinstitucionales informa sobre la cooperación con otras instituciones de la UE en el ámbito de la competencia. Este volumen contiene el Informe adoptado por la Comisión y también incluye un «Documento de trabajo de los servicios de la Comisión» más detallado.

Este libro examina las respuestas políticas de la Unión Europea al desplazamiento a gran escala de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania y la activación y aplicación de la Directiva de Protección Temporal desde perspectivas interdisciplinares. La activación de la Directiva de Protección Temporal de la UE por primera vez en la historia europea para acoger a casi 5 millones de personas que huyen de la guerra de Ucrania plantea la siguiente pregunta: ¿Representa una nueva era o un punto de inflexión en la política de asilo de la UE? Las contribuciones de los distintos capítulos evalúan esta cuestión analizando en primer lugar las cuestiones centrales relacionadas con el ámbito de aplicación, la aplicación y los debates suscitados por la Directiva sobre protección temporal. En concreto, varios capítulos se centran en la aplicación de la Directiva de Protección Temporal en diversos países europeos, sus repercusiones a medio y largo plazo, así como en las «lecciones aprendidas» de las políticas adoptadas por Estados no pertenecientes a la UE que acogen a comunidades de refugiados a gran escala.

Ante el estancamiento de la cuota modal del sector europeo del transporte ferroviario de mercancías, este estudio de apoyo aporta información de mercado para la revisión de las Directrices sobre ayudas estatales a las empresas ferroviarias. Aborda cuatro ámbitos de interés: situación de la infraestructura ferroviaria; accesibilidad y costes del material rodante; rentabilidad y elasticidad de la demanda de servicios de transporte de mercancías por ferrocarril; y eficacia de las medidas de apoyo estatal. Para ello se elaboró un novedoso conjunto de datos sobre costes e ingresos del transporte de mercancías por ferrocarril en toda Europa, compilado a partir de datos de dominio público y de las aportaciones de una amplia consulta a las partes interesadas. Las conclusiones son las siguientes. La insuficiencia de terminales intermodales, la congestión de las redes ferroviarias y el coste de los apartaderos privados limitan la capacidad de la infraestructura ferroviaria europea. El acceso al material rodante se caracteriza por sus elevados costes y la falta de normalización técnica en los Estados miembros.