Delincuencia

En los últimos años, la Unión Europea ha incrementado sus esfuerzos para reforzar su capacidad de recuperación frente a las amenazas híbridas. Un modelo de preparación basado en las nociones de «toda la sociedad», «todo el gobierno» y «resiliencia de la sociedad» ha ganado terreno en la labor política de la UE. Aunque se han hecho algunos progresos, siguen existiendo muchos obstáculos y desafíos. La UE debe abordar las cuestiones conceptuales relacionadas con la cartografía de las amenazas híbridas para facilitar la adopción de contramedidas específicas y eficaces, así como las iniciativas para mejorar la resiliencia de la sociedad.

Este estudio analítico, solicitado por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, examina el impacto de la delincuencia organizada en las finanzas de la UE. Teniendo en cuenta los gastos y los ingresos, la investigación sugiere que cada año se defrauda entre el 1% y el 2% del presupuesto de la UE. El estudio también evalúa las medidas adoptadas a nivel de la UE y de los Estados miembros para combatir el problema, y recomienda acciones para ayudar a reforzar estas medidas.

La Directiva (UE) 2017/541 sobre la lucha contra el terrorismo («Directiva de lucha contra el terrorismo» o «DCT») entró en vigor en abril de 2017, sustituyendo a la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo (modificada en 2008) y modificando partes de la Decisión 2005/671/JAI (sobre el intercambio de información y la cooperación en relación con los delitos de terrorismo). La Directiva establece normas mínimas sobre la definición de los delitos relacionados con el terrorismo, su investigación y enjuiciamiento, las sanciones aplicables a estos delitos, la cooperación y los intercambios de información entre los Estados miembros en el contexto de los procedimientos penales, y la prestación de asistencia y protección a las víctimas del terrorismo.

Este informe examina el principal instrumento de derecho penal de la UE en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, la Directiva (UE) 2017/541. En concreto, examina la forma en que la Directiva aborda cuestiones de derechos fundamentales, que afectan a las personas, los grupos y la sociedad en su conjunto. Se centra en tres delitos específicos cubiertos por la directiva, todos ellos de carácter preparatorio: la provocación pública para cometer un delito de terrorismo, los viajes con fines terroristas y la recepción de entrenamiento para el terrorismo. El informe se basa en el trabajo de campo realizado en Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, España y Suecia, y en las pruebas recogidas a través de la investigación documental sobre el marco jurídico e institucional pertinente. Ofrece una valiosa perspectiva sobre el impacto de las medidas antiterroristas en los derechos humanos.

Una encuesta realizada entre los miembros del grupo focal de fiscales y jueces de instrucción que luchan contra el tráfico de migrantes (el grupo focal) y los debates mantenidos durante la reunión virtual de Eurojust sobre el tráfico de migrantes (12 de noviembre de 2020) ayudaron a identificar varios temas de importancia para los profesionales activos en este ámbito. Sobre esta base, la Agencia de Cooperación en materia de Justicia Penal de la Unión Europea (Eurojust) seleccionó para un análisis más profundo el tema del uso judicial de la información tras el interrogatorio de los migrantes en las fronteras exteriores.

Eurojust, la Agencia de Cooperación en materia de Justicia Penal de la UE, es un centro único con sede en La Haya (Países Bajos), en el que las autoridades judiciales nacionales colaboran estrechamente para luchar contra la delincuencia transfronteriza organizada grave. El papel de la Agencia es contribuir a hacer de Europa un lugar más seguro mediante la coordinación del trabajo de las autoridades nacionales -entre los Estados miembros de la UE y terceros países- en la investigación y persecución de la delincuencia transnacional.