Título: CASE OF CANAVCI AND OTHERS v. TÜRKİYE (Applications nos. 24074/19 and two others – see appended list)
Resumen:El presente caso se refiere a la supervisión y grabación de las reuniones de los demandantes con sus abogados mientras estaban en prisión, en virtud de un decreto legislativo que había sido adoptado bajo el estado de emergencia declarado tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Los demandantes denuncian una violación de los artículos 8 y 13 del Convenio.
Fecha publicación: 14-11-2023
Autor: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: https://n9.cl/14e68
Palabras clave: Vida privada; Excepción en tiempo de emergencia - Vigilancia y grabación de las reuniones de los demandantes con sus abogados mientras estaban en prisión, en virtud de un decreto legislativo adoptado en el marco del estado de excepción declarado a raíz de la intentona golpista del 15 de julio de 2016 - Aplicación de las medidas impugnadas al primer demandante no basada en una decisión del fiscal, como exige el decreto - Falta de fundamentación individualizada en las decisiones de aplicar las medidas impugnadas a los restantes demandantes - La aplicación indefinida de las medidas menoscabó la seguridad jurídica - Ausencia de salvaguardias legislativas suficientes contra el abuso y la arbitrariedad no justificada por la excepción del Estado demandado - Control judicial no adecuado o efectivo - Injerencia "no conforme a Derecho"
Keywords: Private life; Derogation in time of emergency • Monitoring and recording of the applicants’ meetings with their lawyers while in prison, pursuant to a legislative decree adopted under the state of emergency declared in the aftermath of the coup attempt of 15 July 2016 • Application of impugned measures to first applicant not based on a public prosecutor’s decision as required by the decree • Lack of individualised grounds in decisions to apply impugned measures to remaining applicants • Open-ended application of measures undermined legal certainty • Absence of sufficient legislative safeguards against abuse and arbitrariness not justified by respondent State’s derogation • Judicial review not adequate or effective • Interference “not in accordance with the law”