Pocos estarían en desacuerdo con que las noticias falsas, la parte más visible de la guerra de desinformación, representa una amenaza real y actual para nuestras sociedades. Por un lado, el debate sobre la desinformación abarca un espectro de tipos de información. Desde formas de bajo riesgo de «click-bait» hasta intentos intencionados de corroer la confianza en nuestras democracias, estos últimos a veces mediante técnicas que son extremadamente sofisticados y basados en planes bien orquestados por estados extranjeros y grupos locales. Por otro lado, las acusaciones de noticias falsas se lanzan frecuentemente de forma indiscriminada y se han convertido en una herramienta de deslegitimación, ya que las diferentes partes intentan imponer su propia narrativa. Y, paradójicamente, cuantas más noticias falsas se discuten, mayor es el problema social que se siente. Esto socava la confianza en todos los medios de comunicación e instiga la idea de que es imposible saber lo que es verdad y lo que no.
[Leer Más]Publicaciones clave de la Unión Europea es un catálogo en el que se enumeran algunos de los títulos más recientes y más populares publicados por la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, el editor oficial de las instituciones y órganos de la UE.
[Leer Más]El Plan de Acción para la Economía Circular de la UE ofrece una visión clara de una economía limpia y competitiva. En él se propone un plan para garantizar que los recursos se mantengan en la economía el mayor tiempo posible y se respete el planeta para que todos disfrutemos de una mejor calidad de vida. En una ECONOMÍA CIRCULAR, el valor de los productos, materiales y recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible, mientras que se reduce al mínimo la generación de residuos. Todo el mundo puede contribuir a esta agenda compartida: las autoridades públicas, las empresas, las ONG, las instituciones académicas, la sociedad civil y los ciudadanos.
[Leer Más]Update no. 242 on the situation of Covid-19 with 10.910.907 cases in Europe, 1.259.366 cases diagnosed in Spain through a PCR test and 36.495 deaths.
[Leer Más]En España, hasta el momento se han notificado un total de 1.259.366 casos confirmados de COVID-19 por PCR y 36.495 fallecidos.
[Leer Más]El caso se refiere a la detención y la prisión preventiva del demandante, en particular si su privación de libertad se basó en una sospecha razonable de que había cometido un delito como se exige en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 5 de la Convención, y si la continuación de su detención y el procedimiento por el que se autorizó su detención cumplían los requisitos de los párrafos 3 y 4 del artículo 5 de la Convención.
[Leer Más]El presente caso se refiere a la denuncia de la demandante de que la sanción de confiscación aplicada con respecto a todo el dinero que había estado transportando a través de Georgia en violación de su deber de declararlo a las autoridades aduaneras había constituido una interferencia desproporcionada en su derecho de propiedad, en violación del artículo 1 del Protocolo Nº 1 de la Convención.
[Leer Más]El demandante se quejó, en virtud del artículo 10 del Convenio, de que se le había declarado culpable de la infracción disciplinaria de menoscabar la dignidad del cargo de juez.
[Leer Más]El presente caso se refiere a la condena del marido de la primera demandante (N.A.) y de la segunda y tercera demandantes por delitos de drogas cometidos en el contexto de una importación de drogas sobre la que el Estado había ejercido influencia. Los tribunales nacionales determinaron que N.A. y el segundo, pero no el tercer demandante, habían sido incitados por las autoridades del Estado a cometer los delitos. Por consiguiente, redujeron considerablemente las penas de N.A. y del segundo demandante y también atenuaron en general la pena impuesta al tercer demandante. Los demandantes alegaron, en particular, que se había violado el derecho a un juicio justo en virtud del párrafo 1 del artículo 6 de la Convención, ya que N.A. y el segundo y tercer demandantes habían sido condenados por delitos incitados por la policía.
[Leer Más]La denuncia de los demandantes es que, aunque residían legalmente en Rumania y estudiaban allí, no se les había concedido las garantías procesales mínimas que exige el párrafo 1 del artículo 1 del Protocolo Nº 7 del Convenio y, por lo tanto, no habían podido defenderse eficazmente en el procedimiento iniciado por la solicitud de que se les declarara personas indeseables en Rumanía, lo que dio lugar a su expulsión por motivos de seguridad nacional. En particular, alegaron que no se les había notificado las acusaciones reales que se les imputaban y que no se les había dado acceso a los documentos del expediente.
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