Derecho

El asunto se refiere a decisiones divergentes de tribunales nacionales en veinte procedimientos civiles por enriquecimiento injusto que la demandante -una institución nacional de radiodifusión y televisión- entabló contra varias personas a las que uno de sus empleados había pagado honorarios en su nombre por trabajos que nunca habían realizado.

El presente caso se refiere principalmente a la denuncia de los demandantes en virtud del artículo 5 del Convenio en relación con su presunta detención ilegal durante aproximadamente doce horas, y su denuncia en virtud de los artículos 3, 8 y 14 del Convenio en relación con presuntos malos tratos. También se refiere a las negociaciones de un «grupo de iniciativas de activistas LGBT» con las autoridades nacionales en relación con la selección de un lugar para un acto público y la denuncia de los demandantes de que se vieron afectados negativamente por la conducta de las autoridades, en violación del artículo 11 del Convenio.

El caso se refiere a la no ejecución de un laudo arbitral dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París («el Tribunal de la CCI») contra el Fondo Nacional de la Propiedad de Eslovaquia, la agencia de privatización del país. Plantea cuestiones en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio.

La demanda se refiere a la incautación de algunos de los bienes de la demandante por el fiscal durante un proceso penal incoado contra ella y otras personas por presuntos actos de corrupción, y al método utilizado para calcular el producto del delito que le fue confiscado a la demandante tras su condena penal por participar en la delincuencia organizada y aceptar sobornos. La solicitud fue notificada al Gobierno, en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio.

El presente asunto se refiere a las quejas del demandante en el sentido de que el procedimiento relativo a sus pretensiones de reembolso y/o exención del pago ulterior de tasas judiciales (cuando el procedimiento principal ya había concluido sobre la base del acuerdo de las partes) había sido injusto y había tenido un impacto desproporcionado sobre sus derechos de propiedad en la medida en que se le había obligado a pagar la totalidad de las tasas judiciales, a pesar de que su recurso había sido desestimado por carecer de objeto en la primera vista. Plantea cuestiones en virtud del artículo 6 apartado 1 del Convenio, así como en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio.

La demanda se refiere a la condena penal del demandante, un activista de la sociedad civil, que alega que su condena supuso una violación de sus derechos protegidos por los artículos 6, 7, 10 y 18 del Convenio.