Agricultura y Pesca

El asunto se refiere al tratamiento por el Ministerio del Interior de los datos personales de los demandantes en relación con procesos penales sobreseídos o condenas penales que se han levantado o han prescrito.

La cuestión principal que debe abordarse en el presente asunto es si, a efectos de una denuncia en virtud del artículo 8 del Convenio, las personas que se encuentran fuera de un Estado contratante están sujetas a su jurisdicción territorial si sus comunicaciones electrónicas fueron interceptadas, registradas y examinadas (o corrían el riesgo de serlo) por los servicios de inteligencia de dicho Estado que operan dentro de sus fronteras.

El caso se refiere a las alegaciones de que el demandante fue detenido ilegalmente y torturado por agentes del Estado en Chechenia en marzo de 2017 debido a su homosexualidad, y de que no hubo una investigación efectiva sobre el asunto.

El caso se refiere a la supuesta omisión del Estado demandado de proteger a los demandantes, todos ellos miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales («LGBTI»), de actos homófobos de violencia por parte de particulares y de llevar a cabo una investigación efectiva de los incidentes. Algunos demandantes también se quejaron de haber sido aprehendidos y detenidos ilegalmente durante manifestaciones pacíficas en apoyo de las personas LGBTI.

Los demandantes se quejaban de que la obligación de publicar las decisiones del organismo de autorregulación de los medios de comunicación, que les había sancionado por haber infringido las exigencias deontológicas de los periodistas y editores, había vulnerado su derecho a la libertad de expresión.

El asunto se refiere al derecho del demandante a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial, en virtud del artículo 6 § 1 del Convenio, y a la presunción de inocencia, en virtud del artículo 6 § 2 del Convenio, a causa de una declaración pública del Ministro de Justicia de Eslovenia. Dado el momento en que se produjo, dicha declaración fue supuestamente entendida como una instrucción y una amenaza para que el Tribunal Superior de Liubliana confirmara la condena del demandante. Además, la demanda se refiere al derecho a no ser castigado sin ley en virtud del artículo 7 del Convenio. La interpretación de los tribunales nacionales -según la cual la intención indirecta podía comprometer la responsabilidad penal del demandante por blanqueo de capitales- vulneraba supuestamente el principio de legalidad.