El día 7 de julio, la Comisión Europea ha registrado una iniciativa ciudadana europea (ICE) titulada « Introducción de la renta básica incondicional (RBU) en toda la UE».
Los organizadores de la iniciativa consideran que, « con los rápidos avances en inteligencia artificial y robótica, existe una necesidad urgente de desvincular nuestros medios de subsistencia de la capacidad de vender nuestra fuerza de trabajo, ya que pronto nos encontraremos en una situación en la que no habrá suficientes empleos para nosotros ». Por lo tanto, los organizadores solicitan a la Comisión Europea que «adopte todas las medidas necesarias y legales que puedan contribuir a la introducción de la Renta Básica Universal (RBU) en los Estados miembros de la UE, y que emita una recomendación para que los Estados miembros trabajen en su implementación ».
Dado que esta iniciativa cumple las condiciones formales establecidas en la legislación pertinente, la Comisión la considera admisible legalmente en virtud del Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea. La Comisión no ha analizado el fondo de las propuestas en esta fase. El registro no influye en la decisión final de la Comisión sobre su procedencia ni en las posibles medidas que pueda adoptar. La Comisión solo tomará una decisión sobre la iniciativa si cumple los criterios pertinentes, entre ellos, la obtención de al menos un millón de firmas válidas de ciudadanos de la UE.
Próximos pasos
Tras la inscripción del día 7, los organizadores disponen de seis meses para iniciar el periodo de doce meses de recogida de firmas. Si una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) recibe al menos un millón de declaraciones válidas de apoyo durante ese tiempo, con cifras mínimas alcanzadas en al menos siete Estados miembros, la Comisión deberá reaccionar y decidir qué medidas, en su caso, adoptará en respuesta a la iniciativa, justificando su decisión.
Fondo
La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) se introdujo con el Tratado de Lisboa como un instrumento para que los ciudadanos definan la agenda. Se lanzó oficialmente en abril de 2012. Una vez registrada formalmente, una iniciativa ciudadana europea permite que un millón de ciudadanos de al menos siete Estados miembros de la UE inviten a la Comisión a proponer actos jurídicos en ámbitos en los que tiene competencias. Las condiciones de admisibilidad son: (1) que la acción propuesta no quede manifiestamente fuera del marco de las competencias de la Comisión para presentar una propuesta jurídica; (2) que no sea manifiestamente abusiva, frívola o vejatoria; y (3) que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.
Desde el inicio de la iniciativa ciudadana europea, la Comisión ha registrado 132 iniciativas.
El contenido de la iniciativa solo expresa las opiniones de los organizadores y no debe interpretarse en modo alguno como un reflejo de las opiniones de la Comisión.
Más información: Comisión Europea







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